Agredir a Greenpeace, agredirnos a todos

Momento en que una lancha de la Armada embiste a una de Greenpeace / GREENPEACE

Momento en que una lancha de la Armada embiste a una de Greenpeace / GREENPEACE

Matilda Brunetti no podía imaginar que su participación en una protesta pacífica contra las prospecciones petrolíferas de las islas Canarias la harían acabar en el hospital. La activista de Greenpeace, italiana de 23 años, sufrió varios cortes y una fractura de tibia tras las embestidas de dos botes del Ejército español contra el suyo y los de sus compañeros. Aunque la Armada española lo negó, el vídeo difundido por Greenpeace en las redes sociales no deja lugar a dudas: el Ejército atacó a la organización ecologista que, efectivamente, protestaba pacíficamente.

Este ataque no sólo es una agresión a Greenpeace, sino a todos los españoles y a la sociedad canaria en particular, que lleva meses protestando sin descanso contra las prospecciones petrolíferas que Repsol pretende llevar a cabo en el este de Fuerteventura y Lanzarote. Sin embargo, la gran indignación social no ha sido escuchada por el Gobierno español, que dio luz verde a dichas prospecciones. Ni tampoco por el Tribunal Consitucional, que tumbó una propuesta por parte del gobierno de las islas para preguntar a los canarios: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”. Está claro que sin preguntas no se pueden oír respuestas.

El gobierno español no sólo sostiene que todo está bajo control y que las prospecciones no comportan riesgos para las aguas y la economía (Canarias vive principalmente del turismo), sino que las justifica bajo el argumento de “la defensa de los intereses vitales y estratégicos de España”, la “seguridad nacional” y “la libertad de explotación de los recursos energéticos disponibles”. Lo cual quiere decir, según un simple ejercicio de lógica, que los intereses de España los decide el Gobierno y no los canarios manifestándose en las calles; y que los que mandan pueden elegir a placer qué recursos explotar, caiga quien caiga, pese a quien le pese. Lo que ya escapa de toda lógica es qué relación puede haber entre la “seguridad nacional” y las prospecciones petrolíferas en las islas Canarias. No obstante, la frase “negocio redondo” no aparece por ninguna parte del comunicado gubernamental y es, quizás, la que más se aproxima a lo que España está a punto de hacer con Repsol.

Para más inri, la propia compañía petrolera cifró en menos de un 17% el porcentaje de probabilidad de encontrar crudo en la zona. Es decir, que es más que posible que tras 90 días de prospecciones Repsol no encuentre nada, pero el daño ya estará hecho. Mejor dicho, ya ha empezado a hacerse, porque sólo 48 horas después de la llegada del Rowan Renaissance -el buque de perforación de Repsol- a la zona ya hay una activista en el hospital. En el hipotético caso de que se encontrara crudo se iniciaría un nuevo proceso, el de extracción, que podría durar la friolera de unos seis años. Y volviendo a lo del negocio redondo, algún interés debe tener la petrolera en estas prospecciones a pesar de haber una probabilidad tan baja de éxito.

Las lamentables embestidas del Ejército español contra los activistas de Greenpeace han hecho mucho daño colectivo porque la organización está defendiendo los intereses medioambientales de toda una sociedad. A pesar de un Gobierno que no ve, no habla y no escucha a sus ciudadanos, pero que insiste en decir que todo está bajo control y que no hay ningún problema. Yo no sé vosotros, pero a mí me vienen a la mente las imágenes del Prestige, cómo lo gestionaron… y me tiembla el pulso al escribir este último párrafo.


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