Pena de muerte, más cerca de la abolición

Más de 58 países en todo el mundo continúan aplicando la pena de muerte / EFE

Más de 58 países en todo el mundo continúan aplicando la pena de muerte / EFE

China, Irán, Irak, Arabia Saudí, Estados Unidos y Somalia. Son los seis países del mundo que más aplican la pena de muerte en la actualidad, una práctica atroz que nos recuerda a tiempos pretéritos y nos parece totalmente contradictoria con los valores de un país democrático. A pesar de ello, la ONU nos ha dado una buena noticia: 117 países han votado a favor de una resolución para pedir una moratoria en las ejecuciones y, con ello, avanzar hacia la abolición definitiva de la pena capital. Una cifra récord, si tenemos en cuenta que jamás tantos países se habían posicionado claramente contra la pena de muerte ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En los últimos 20 años, el número de países que dejaron de aplicar la pena de muerte aumentó considerablemente, por lo que Amnistía Internacional apunta a que se está convirtiendo en algo del pasado. De hecho, la organización señala que esta pena se lleva a cabo en sólo 1 de cada 10 países. En África, por ejemplo, cada vez son menos los países que llevan a cabo ejecuciones, a pesar de que la pena capital continúe siendo contemplada como sanción penal. De este modo, cuesta digerir que países democráticos como Estados Unidos o Japón aún la apliquen en nuestros días. De hecho, en algunos estados estadounidenses como Michigan, New Jersey o Illinois ya ha sido abolida, y en Japón la preocupación de la sociedad por esta práctica no deja de aumentar.

Esta es la quinta resolución similar que realiza la ONU desde 2007. El 60,6% de los países miembros han votado a favor de la resolución contra la pena de muerte (117 votos), frente a 38 votos en contra y 34 abstenciones. La mejor noticia es que cinco de los países que habían votado en contra de resoluciones anteriores (Bahréin, Myanmar, Tonga, Uganda y Cantes) se han abstenido en esta ocasión. Por contra, Papúa Nueva Guinea, que se había abstenido en el pasado, ahora ha votado en contra. Cuando se fundó la ONU, en 1945, sólo 8 países miembros habían abolido la pena capital (menos del 16%), mientras que hoy en día 95 la han abolido (49,2%) y 137 han hecho lo propio tanto en su legislación como en la práctica (casi el 71%).

Aunque sólo 22 países aplicaron la pena de muerte en 2013, lo cierto es que al menos 58 países en todo el mundo continúan haciéndolo. Entre los seis países con más ejecuciones, las realizadas en China el pasado año se desconocen, ya que esta cifra se considera secreto de Estado en el país, sin embargo hay indicios de que el gigante asiático es quien más aplica la pena capital; le sigue Irán, que llevó a cabo más de 369 ejecuciones el pasado año, y según varias fuentes esta cifra podría ascender a 704; en Irak el número de ejecuciones aumentó un 30%, unas 169 en total; Arabia Saudí ocupa el cuarto puesto, con unas 79; en penúltimo lugar está Estados Unidos, con unas 39; y finalmente Somalia, que realizó unas 34. Además de en estos cinco países, la pena de muerte continúa aplicándose en amplias zonas del noreste de África, Oriente Medio, el Sudeste Asiático, Corea del Norte, Guatemala y el Caribe. Europa es el continente donde esta práctica está menos extendida, ya que sólo se aplica en Bielorrusia.

Los delitos por los que se aplica la pena de muerte son variados y dependen mucho de la zona geográfica donde se lleva a cabo. Algunos, como la homosexualidad y la sodomía, son delitos propios de varias zonas de África y Oriente Medio, y en esta última también es común la aplicación de la pena por adulterio y renuncia a la religión; en China, por su parte, la corrupción y el tráfico de personas son los actos más penados con la ejecución; en Guatemala, el secuestro. Otros casos para los que se contempla la pena capital alrededor del mundo son el asesinato, el espionaje, el terrorismo o la disidencia política.

En cuanto a los métodos de ejecución, éstos también dependen de la zona donde se realice y son muy variados, desde la decapitación y la horca a la inyección letal, pasando por la electrocución y el fusilamiento. Durante años se creyó que el método de la inyección, aplicado principalmente en Estados Unidos, era el más “ético”, al considerarse indoloro y que, por tanto, no causaba sufrimiento a los reos. Sin embargo, varias voces aseguran que la inyección letal supone una tortura para los condenados, como apunta el director de la World Coalition Against Death Penalty, Raphael Chenvil.

Hay un gran debate abierto alrededor de la pena de muerte, pero los datos cada vez demuestran una mayor oposición a esta práctica. Ante todo debemos preguntarnos si es justo que un Estado pueda decidir sobre vidas humanas y si matar a un supuesto delincuente contribuye a erradicar la delincuencia. Y, sobre todas las cosas, deberíamos cuestionar si las muertes de las miles de personas cuya inocencia fue demostrada post mortem valieron la pena.