La peligrosa definición de extremismo en Rusia

En Rusia puedes ser condenado por extremista si eres acusado de “incitar a la discordia social” o por “expresión de superioridad religiosa”. Esta ambigua definición recogida en el Código Penal del país se ha utilizado en el caso contra Pussy Riot que envió a prisión dos de sus miembros durante dos años, y en la condena a un joven de 22 años por grabarse jugando Pokemon Go en una iglesia y subir el vídeo online. Asimismo, el Kremlin ha declarado a los Testigos de Jehová como una organización extremista y sus 170.000 miembros se arriesgan a multas o penas de cárcel si desafían la prohibición.  

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas se reúne en agosto para supervisar la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. El órgano conformado por expertos independientes examina los informes presentados por los Estados que han ratificado la Convención, Rusia incluida. Organizaciones de la sociedad civil presentan asimismo informes ‘alternativos’ sobre la situación y participan en sesiones de debate.

La semana pasada, ADC Memorial, CrimeaSOS, SOVA Center y FIDH presentaron su informe al Comité y reclamaron al gobierno ruso que “cese la discriminación del estado contra grupos étnicos, modifique la contradictoria legislación antiextremista que viola la libertad de expresión”. Los casos recogidos por estas organizaciones en su informe alternativo demuestran cómo esta definición contribuye a un aumento en la vulneración de los derechos humanos, el control y censura de grupos de la oposición y sociedad civil.

Tras la anexión de Crimea en 2014, cientos de miles ucranianos y tártaros de Crimea pasaron de golpe a ser sujetos a la legislación rusa. Los autores del informe alternativo afirman que la persecución de estas etnias es especialmente preocupante ya que se enfrentan a “desapariciones forzosas, tortura, detenciones ilegales por motivos de etnia, así como limitaciones para estudiar y hablar sus lenguas nativas, practicar su religión y cultura”. A la discriminación étnica se le añade la represión religiosa, ya que como otros ciudadanos rusos provenientes del Cáucaso Norte, los tártaros de Crimea son en su mayoría musulmanes y se les acusa constantemente de extremismo y radicalismo religioso así como pertenencia a grupo terrorista. Alexander Verkhovsky, responsable del SOVA Center habla además de Caucasus-fobia ya que “se les dificulta el acceso a vivienda, trabajo o al sistema educativo y servicios sociales”.

El gobierno ruso ha declarado más de 148 ONGs como “agentes extranjeros”, muchas de las cuales centraban su trabajo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, minorías étnicas y comunidad LGBTI. Cualquier organización con financiación externa que se involucre en “actividades políticas” puede ser condenada por infringir la ley. Con esto, el Kremlin limita el acceso a fondos del extranjero y asfixia económicamente las ONG’s que no convengan al gobierno ruso.

 


Pueden encontrar más información aquí:

Informe alternativo presentado en la sesión 93 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas 

Informe de SOVA Center sobre el uso indebido de la legislación anti-extremista en Rusia en 2016