Cataluña pone a prueba a la Unión Europea

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. (EFE)

Cataluña ya no es una “cuestión interna” por mucho que algunos diplomáticos o portavoces se empeñen en describirlo así, ya sea por prudencia, para no involucrarse, para no meter la pata o para no jugar en contra de intereses propios. Desde hace días ciudadanos de toda Europa miran hacia Barcelona preocupados por un futuro incierto. Los corresponsales internacionales (y no sólo españoles o catalanes) preguntan a diario en la rueda de prensa de la Comisión Europea por Cataluña –hasta el punto de exasperar a sus portavoces- y el Parlamento Europeo celebró el pasado miércoles un debate urgente en Estrasburgo sobre Constitución, Estado de derecho y valores fundamentales en España a la luz de los hechos ocurridos en Barcelona”.

Por otro lado, el Consejo de Europa, organización internacional por los derechos humanos en el continente y que agrupa 47 estados, decidirá la semana que viene si organiza una sesión “urgente” para abordar los hechos ocurridos en Cataluña. Es decir, es una situación excepcional en la que, más allá de lo que ocurra en los próximos días, requerirá inevitablemente en algún momento posiciones claras a todos niveles: estatales, comunitarios e internacionales.

Por ahora en lo único que están de acuerdo las instituciones europeas, y que ya han expresado a través de sus líderes, es en que hace falta diálogo y en que la violencia “nunca puede ser la respuesta en política”. Así se han pronunciado tímidamente y con discursos muy medidos y un tanto ambiguos los presidentes del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y el de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ambos del Partido Popular Europeo. El pasado miércoles, el “debate” en la Eurocámara –  que fue más bien un resumen de posiciones de los distintos grupos parlamentarios a través de sus presidentes- siguió una línea parecida.

Si bien populares y socialistas europeos rechazan la mediación internacional e instan a ambas partes al diálogo, desde los Verdes y la Izquierda Unitaria piden a Bruselas que actúe con “responsabilidad” y ofrezca mediación. En este sentido, exigen a Juncker que la Comisión ejerza como guardiana de los Tratados europeos y vele por el respeto de los derechos fundamentales. En un término medio, los liberales europeos –presididos por el belga Guy Verhofstadt- hablan de una España federal dentro de una Europa federal mientras que los euroescépticos se suman al carro de cualquier situación que pueda dañar o socavar la imagen de la UE, mirando por sus propios intereses.

Otra vez, lo único en común entre los grupos –también el Partido Popular Europeo- fue la denuncia de la violencia policial usada el 1 de octubre y la necesidad de que ambos lados se sienten a la mesa de diálogo sin salirse del marco constitucional. Sin embargo, un desafortunado discurso del vicepresidente de la Comisión Europea, el socialista Frans Timmermans, descafeinó la condena unánime de la violencia al afirmar que “hay una obligación de todo Gobierno de sostener el Estado de derecho y ello a veces requiere el uso proporcionado de la fuerza”.

Expuestos los hechos en el lado europeo, cabe recordar que el PPE es el principal grupo en el Parlamento (216 escaños) y que los socialistas son la segunda fuerza (190). Por otro lado, la Comisión ha mantenido hasta ahora un papel de extrema prudencia –criticado por muchos- y una política de comunicación de valoraciones  en cuentagotas. Dicho esto es importante recordar que la UE no es más que una unión de estados en la que cada uno tiene sus propios intereses y alianzas políticas internas. Es el caso de Bélgica, por ejemplo. Los nacionalistas flamencos, la N-VA, son la fuerza principal en el Parlamento flamenco, y una hipotética puerta abierta desde Bruselas a una Cataluña independiente podría producir –o eso es lo que temen en Europa- un efecto dominó en otros países.

No sabemos lo que ocurre tras las bambalinas, pero la velocidad de reacción de las instituciones sumada a su poca determinación para forzar el diálogo y su tímida condena de la violación de derechos fundamentales no es ni suficientemente rápida ni responsable. El papel que juegue la UE, con un Brexit ya en camino, contribuirá a este paso a decepcionar aquellos ciudadanos europeístas que confían en ella como algo más que un puñado de intereses económicos gestionados desde Bruselas y alejados de las personas.