Kabila contrató a rebeldes M23 como medida de represión contra las protestas en Congo

Este lunes Human Rights Watch publicó un informe alegando que el presidente de la República Democrática del Congo reclutó a rebeldes para reprimir las manifestaciones de diciembre de 2016, que estallaron cuando Joseph Kabila se negó a dimitir al final de su mandato en el poder.

Los reclutados eran antiguos combatientes previamente activos en el grupo rebelde M23, que actualmente viven en campos de refugiados o campos militares de Uganda y Ruanda. “Oficiales superiores de las fuerzas de seguridad en la República Democrática del Congo movilizaron a más de 200 excombatientes rebeldes del M23 de países vecinos para sofocar las protestas contra el presidente Kabila en diciembre de 2016”, denuncia HRW.

M23, es un grupo rebelde tutsi mayoritariamente étnico que fue derrotado en noviembre de 2013 a manos de las fuerzas congoleñas y de la ONU. Cientos de combatientes huyeron del país, pero residentes en la región oriental de Kivu declaran haber visto regresar a los milicianos.

El estudio explica que fueron las fuerzas de seguridad congoleñas actuando con combatientes del M23 quienes mataron al menos a 62 personas y arrestaron a otros cientos, creando una sangrienta represión entre el 19 y el 22 de diciembre de 2016.

HRW declara que su investigación esta basada en más de 120 entrevistas y que durante las protestas, “combatientes M23 patrullaron las calles de las principales ciudades del Congo, disparando o arrestando a manifestantes o a cualquier otra persona que se considerase una amenaza para el presidente”. “Las operaciones encubiertas para reclutar combatientes de un grupo armado abusivo para reprimir cualquier resistencia muestran hasta qué punto el presidente Kabila y su camarilla están dispuestos a ir para mantenerse en el poder”, explicó Ida Sawyer, directora de la organización para África Central.

Después de ser transferidos al Congo, los combatientes M23 fueron desplegados en la capital, Kinshasa, y en Goma y Lubumbashi. Las fuerzas de seguridad les dieron uniformes nuevos y armas y los integraron en la policía, el ejército y la Guardia Republicana, el destacamento de seguridad presidencial. Los oficiales del ejército congoleño cuidaron de ellos, les pagaron bien y les proporcionaron alimentos y alojamiento. Para proteger al presidente y sofocar las protestas, a los combatientes del M23 se les dieron órdenes explícitas de usar la fuerza letal, incluso a quemarropa, si era necesario. “Muchos M23 fueron reclutados para librar una guerra contra aquellos que querían amenazar el poder de Kabila”, dijo un luchador del M23 a Human Rights Watch. Otro dijo: “Recibimos órdenes de disparar de inmediato ante la menor provocación de civiles”. Típico de los funcionarios congoleños aceptando el uso ilegal de la fuerza contra los manifestantes en vez de promocionar protestas pacificas.

En 2016, la coalición gobernante de Kabila acordó el 31 de diciembre un acuerdo de poder compartido mediado por la Iglesia Católica con la principal coalición opositora. El llamado acuerdo de la víspera de Año Nuevo convocó elecciones presidenciales para fines de diciembre de 2017. Este acuerdo se comprometida a la abdicación de Kabila. Sin embargo, durante todo este año no se han organizado elecciones ni se han llevado a cabo las medidas de construcción de confianza del acuerdo. El 5 de noviembre de 2017, después de que el embajador de los Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, visitara Congo y pidiera a Kabila que celebrara elecciones para fines de 2018, la Comisión Electoral del Congo (CENI) publicó un calendario electoral que fijó el 23 de diciembre de 2018 como fecha para las elecciones presidenciales, legislativas y provinciales: más de dos años después del la fecha limite de los dos mandatos de Kabila.

La oposición no ve este calendario electoral con buenos ojos, entendido como otra táctica dilatoria para extender aun más y de forma inconstitucional el mandato de Kabila. Piden reiteradamente a Kabila que dimita a finales de 2017 y que se organice una transición, que debería ser liderada por personas que no podrían ser candidatas en elecciones futuras, dicen, y deberían tener el objetivo principal de organizar elecciones creíbles, restaurar el orden constitucional y permitir un nuevo sistema de gobierno, esta vez, democrático.

De nuevo el país se enfrenta a un clima de tensión y violencia. Gracias a la negativa de un presidente a renunciar, el Congo está sumido en una crisis política, económica y de derechos humanos, un escenario que es pura dinamita y que puede explotar en cualquier momento.

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